Momento histórico.
Liderado por un diputado islandés, una organización de defensa de los consumidores ha emitido un informe en el que pone de manifiesto que la creación del dinero por parte de la banca privada por medio del sistema de reserva fraccionada es, de hecho, una FALSIFICACIÓN DEL DINERO, potestad soberana del gobierno de ese país y su banco central.
Seguidamente, alude al artículo 150 del código penal que convierte en una pena de cuatro años de cárcel a aquel que falsifique el dinero.
