Esta mañana este que os habla ha acudido al juzgado número 16 de la Plaza Castilla de Madrid para responder, en calidad de investigado, a las diligencias incoadas por el fiscal adscrito al juzgado número 5 de Castellón de la Plana, donde el fiscal me ha acusado, entre otras cosas, de delitos de injurias, calumnias y contra la Administración de Justicia sin mencionar prueba alguna que justifique la comisión de tales delitos.
Invocando el último párrafo del artículo 118 de la ley de enjuiciamiento criminal que menciona el «derecho del acusado a que se le informe del contenido de la denuncia» (y los hechos concretos que se le imputan), mi abogado ha apelado a mi derecho a no declarar, dado que se producía una clara situación de indefensión hacia mi persona, pues en la citación se dice «delito de», tal cual, sin aclarar qué hechos haya podido realizar constitutivos de tales delitos.
Acto seguido, el fiscal y la acusación particular (que no sabemos a quién corresponde) ha solicitado medidas cautelares sobre mi persona, consistentes en no acercarme a menos de 500 metros a una serie de personas en cuya mayoría, al no ser personajes públicos, ni siquiera conozco, supuestamente relacionadas con el asunto conocido por la opinión pública como «Caso Bar España», (que mi abogado recurrirá en su debido momento), ni a hablar sobre el caso mencionado.
En mi alegato final, he expresado a la jueza mi consternación ante las mencionadas irregularidades procesales, cometidas en mi querido país, España.
