Un grupo de denunciantes de casos de corrupción dentro de la Administración (como Ana Garrido) se reunieron el jueves 7 de noviembre desde las 12 de la mañana ante la sede de la Unión Europea en Madrid (Paseo Castellana 46) para exigir a los representantes españoles que cumplan con la legislación europea y pongan en marcha una agencia anticorrupción que, entre otras cosas, proteja a los denunciantes.
(Según me ha contado uno de los impulsores de esta convocatoria, casos como el de Odón Elorza en San Sebastián o el del Bar España, en Castellón, entrarían dentro de los que serían afectados por esta normativa).
Si me da tiempo, me acerco por allí.
