Esta asociación viene denunciando las corrupciones del poder judicial español, comenzando por la elección del propio Consejo General del Poder Judicial que viola el principio de independencia del poder político. Os incluyo su último comunicado.
Madrid, 27 de noviembre de 2019
La AECC amplia su denuncia ante el Consejo de Europa a la Administración de Justicia Española
En nuestro primer escrito de denuncia la AECC denuncia ante el GRECO (Consejo de Europa) la prevaricación y corrupción sistemática de la Administración de Justicia. Esta denuncia se alude al corporativismo de los miembros, a la forma de elección de los vocales del CGPJ y al aforamiento de todos sus miembros.
Cuando se denuncia a un Juez o Magistrado en vía administrativa por medio de Queja en el CGPJ este jamás le sanciona. Si se interpone querella penal contra el Juez o Magistrado o no se admite a trámite o se admite y se archiva. Si se denuncia en Fiscalía esta abre expediente paro luego lo cierra incumpliendo el protocolo de actuación del Ministerio Fiscal y su propio Estatuto del Ministerio Fiscal.
Los vocales del CGPJ son elegidos en su mayoría desde el años 1985 con la reforma de la LOPJ por los políticos, lo que invalida la independencia del Poder Judicial con relación al Legislativo, acabamos de verlo con el escandalo del juez Marchena y su renuncia.
En segundo escrito se amplió precisamente porque Fiscalía archivo las denuncias contra los Juzgados de Pozuelo y el 28 de familia de Madrid, sin hacer la averiguaciones pertinentes e indicándonos que por nuestra cuenta iniciáramos acciones penales si queríamos…
En tercer escrito de ampliación ponemos en conocimiento la falta de transparencia del CGPJ sobre sus Jueces y Magistrados en cuanto a las denuncias interpuestas contra ellos, la desorbitada partida del Programa aula iberoamericana y la falta de acciones del CGPJ contra los Magistrados que estuvieron con menores en Colombia durante los viajes del Programa Aula Iberoamericana.
En este cuarto escrito de ampliación ponemos en conocimiento la falta de imparcialidad de la Físcalia que actua bajo el mandato directo del Gobierno, tal y como lo reconoció el propio presidente en funciones D. Pedro Sánchez.
