The Storm Rider explicó ayer los incendios provocados de la isla hawaiana de Maui en función de varios factores. Por un lado, porque allí se encontraban las instalaciones de uno de las dependencias de la Fuerza Espacial USA, concretamente, el escuadrón número 15 de vigilancia. Esta base fue atacada antes de que comenzaran los incendios, y un gran cíberataque fue lanzado contra todos los ordenadores de la Fuerza Espacial. Afortunadamente, el ejército norteamericano patriota era consciente de que este ataque iba a suceder, y se había llevado ya todos los servidores y ordenadores importantes, y sólo dejó en el lugar equipos sin importancia relevante.
En cambio, los Sombreros Blancos monitorearon todos los movimientos de los agentes del Deep State contra su base, de manera que estas grabaciones se unirán a las pruebas ya existentes para las actuaciones y juicios militares por alta traición que, vuelve a repetir, SUCEDERÁN EL AÑO QUE VIENE, 2024.
LA INTERVENCIÓN MILITAR DE 2024, SIGUIENDO LA LEY MILITAR 11.3, Y LOS TRIBUNALES MILITARES SUBSIGUIENTES USARÁN LOS INCENDIOS PROVOCADOS DE MAUI Y EL ATAQUE A LA BASE DE LA FUERZA ESPACIAL COMO UN ACTO DE GUERRA Y LLEVARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS… pertinentes para la intervención militar.
Al tiempo que las operaciones del departamento de defensa y los militares están ofreciendo filtraciones de que las elecciones del 2020 fueron robadas y monitoreadas, recalca que Jan Hayes [la mujer que salió el otro día en televisión afirmando esto mismo] forma parte del Departamento de Defensa y ahora mismo está dando información que prueba que los militares saben que las elecciones del 2020 se robaron, y que los militares de diferentes cuerpos tienen un Equipo Específico dedicado a monitorear la opinión pública norteamericana para esperar a que se produzca el momento adecuado para proceder a la intervención militar, de la mejor forma para evitar la guerra civil.
Ella también afirma que la dimisión de Pelosi formó parte de estas operaciones y que las próximas imputaciones de Trump podrían llevar a la introducción de evidencias de fraude electoral y elecciones robadas, es decir, golpe militar (que llevaría a un restablecimiento del legítimo presidente).
Esta es una operación que dura 8 años.
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