No había comprendido el caso hasta que, el otro día, Smab (el hackbogado, extraordinariamente versado en asuntos de Tribunales) me explicó lo que sucedió en realidad.
En España, casi todos sabréis que el hombre más rico de este país (con el permiso de Juan March) fue juzgado por un fraude generalizado a partir de un producto financiero que comercializó en los años ochenta y cuyo juicio ha durado 17 años. Las cesiones de crédito eran un tipo de inversión por la que el banco traspasaba a una tercera persona el riesgo de un crédito contraído con una empresa, sin que se practicaran, en la mayoría de los casos, retenciones a los rendimientos. Esta modalidad de contrato fue comercializado por el banco Santander entre los años 1987 y 1991 y evitaba el pago de las retenciones a Hacienda, que suponían entre el 20 y el 25 por ciento de los rendimientos. La cosa estaba tan clara que el banquero no tenía escapatoria para no ir a la cárcel.
El asunto es que Rafael Pérez Escolar, uno de los accionistas del Banco Santander que ejerció la acusación particular durante este tiempo, murió en septiembre del año pasado, con lo que la causa se quedó sin acusación, dado que el fiscal, es decir, el Estado, decidió no intervenir. Se produjo allí la circunstancia de que sólo podía continuar la causa bajo la acusación popular. Y allí, el Tribunal Supremo español, en una sentencia que bien podría calificarse de Golpe de Estado, decidió que, si no existe acusación del Estado o particular, no hay causa, es decir, que la acusación popular no es suficiente para iniciar, o continuar, un litigio. Este es el argumento al que se ha aferrado el presidente del País Vasco, Ibarretxe, en las últimas jornadas en sus pleitos con el Estado central.
Así, queda bastante claro por qué Zapatero fue a visitar a Emilio Botín cuando comenzaron a sonar las campanas de la recesión económica en España, hace unos meses. Quien de verdad manda en España es Emilio Botín.
Hoy día, hay una doctrina procesal en España que lleva su nombre. Es decir, que se ha de estudiar en las escuelas de Derecho, la ley que puso el banquero. Más claro el agua.
