(Alguien debería explicar a quién beneficia esta nueva crónica, si es que es falsa).
El juicio al especialista de la OMS en epidemilogía y pandemias, doctor Chikwe Ihekweazu, es uno de los que han dado más de sí en los últimos tiempos; el fiscal tuvo que amenazarle con expulsarle, visto que no aceptaba estar allí en calidad de «detenido»: «no soy un detenido. Soy epidemiólogo reconocido y me habéis encarcelado contra mi voluntad. No voy a tolerarlo. Va contra mis derechos humanos. Lo denunciaré ante el tribunal que corresponda y seréis castigados por ello».
«En su caso, este es el único tribunal que le corresponde. Si su rebelión continúa, se le dará una sentencia arbitraria», le respondió el Fiscal Militar Crandall.
«¿A qué se refiere con eso?»
«Será condenado a muerte».
En ese momento, Ihekweazu consultó con el abogado designado por el Fiscal Militar que estaba sentado a su lado en la mesa de la defensa. Ihekweazu se puso las muñequeras y miró sus piernas encadenadas. Sus susurros se convirtieron en un bullicioso balbuceo con cada frase sucesiva. Su abogado, claramente nervioso, levantó las manos con las palmas hacia afuera en señal de resignación. Con voz temblorosa, le explicó al almirante Crandall que su cliente no entendía los cargos en su contra.
Entonces, el Fiscal militar reprendió al abogado: «¿lleva 45 días detenido y no ha tenido tiempo para preparar su defensa?».
«No, señor, le he mostrado el sumario y mi representado dice que no entiende los cargos porque él no ha cometido ningún mal. Parece que ahora sí que quiere testificar, aunque yo le he dicho que no lo haga».
A preguntas del fiscal sobre su cambio de opinión, el doctor de la OMS dijo que quería defender su reputación.
Acto seguido, el Fiscal leyó el curriculum de Ihekweazu, que le señala como experto nigeriano, asistente del director de emergencias sanitarias de la ONU y jefe de la respuesta al Covid en Nigeria.
Seguidamente le inquirió por un correo electrónico enviado por la directora de los CDC, Mandy Cohen, en el que le avisaba de que iba a aparecer una nueva epidemia de un virus denominado JN.1, pero antes de esa cita los militares le arrestaron en Maryland.
El doctor asintió, pero dijo que esa detención era ilegal, a lo que el fiscal respondió que se produjo de acuerdo a una orden firmada por él mismo.
A preguntas de su abogado, el acusado tuvo que admitir que había contestado a la directora de los CDC sobre las medidas a tomar para una nueva pandemia, pero matizó que «sólo hizo recomendaciones de distanciamiento social, mascarillas y vacunación obligatoria». «Son métodos para controlar una pandemia, y yo los recomiendo, lo mismo que miles de médicos más».
Una vez terminado el interrogatorio del abogado defensor, el Fiscal demostró, en virtud de las pruebas médicas realizadas en la base de Guantánamo donde está la prisión, que el acusado no se ha vacunado contra el Covid, porque no tenía anticuerpos contra esa enfermedad.
El doctor Ihekweazu respondió que esas pruebas habían sido manipuladas porque él se estaba vacunando cada seis meses.
Seguidamente, el Fiscal mostró los correos intercambiados con la directora de los CDC en los que el doctor anticipaba que la OMS iba a recomendar los confinamientos en Estados Unidos para mitigar los efectos del JN.1, por lo que se declararía la «ley marcial médica para proteger a la sociedad, y Estados Unidos debería ser el país que liderara este esfuerzo. Si USA se pone en cabeza, otros países le imitarán».
El doctor Ihekweazu admitió haber escrito esas palabras.
«Es interesante que usted utilice la expresión ‘ley marcial médica’, porque no es una expresión correspondiente a su gremio. Hemos mandado ejecutar a otros dirigentes de salud que querían vacunar al resto de la población cuando ellos mismos no lo habían hecho, aún a sabiendas que es un medicamento experimental que ha matado a 17 millones de personas en todo el mundo».
El abogado defensor objetó la última frase porque ese dato no se había comprobado y fue eliminado del juicio.
El fiscal militar mostró entonces la transcripción de una conversación entre el acusado y el vicedirector de los CDC, Doctor Nirav Shah, en la que el primero recomendaba confinamientos, internar a los que se negasen a vacunarse en campos de concentración e implantar un pasaporte digital para reconocerlos. Para justificar esas medidas usaba las palabras «supresión», «subyugación» y «negación de libertades».
El doctor se mostró orgulloso de esas palabras, argumentando que «los negacionistas de los efectos de las mascarillas y las vacunas son un peligro para la sociedad y tenían que ser aislados para impedir que se propague el virus».
En la siguiente hora el fiscal siguió desgranando los argumentos del acusado, mientras éste se defendía diciendo que la «vacunación era un gesto de filantropía hacia el resto de la sociedad y que los mandatos servían para que los vacunados se defendieran de los no vacunados». «Usted no lo entiende. Estoy haciendo simplemente mi trabajo», dijo el acusado.
El almirante Crandall se estremeció. Llamó a Ihekweazu «criatura de locura rapaz y despiadada, un criminal insensible empeñado en cometer crímenes contra la humanidad imposibles de llevar a cabo pero procesables». En ese momento, el dotor Ihekweazu dijo que odiaba a los norteamericanos por su arrogancia y negación de la ciencia, «todo lo que he hecho ha sido para que los vacunados no sean perjudicados por los no vacunados».
En este punto, el fiscal finalizó el juicio, recomendando la pena de muerte para el acusado. Cosa que aprobó el jurado. La ejecución tendrá lugar el próximo 2 de febrero.
